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Publicado en septiembre 5th, 2014 | por Lola Martínez Sánchez

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¿Cuál es la mayoría de edad sanitaria? Excepciones. Doctrina del menor maduro

¡Buenos días a todos! Las vacaciones han terminado ya y desde Leyemecum esperamos que las hayáis disfrutado lo mejor posible. Pero ahora vuelta al trabajo y vuelta a bioderechear con el blog.

En anteriores posts os hablábamos del derecho a la información  sanitaria centrándonos en qué era informar y cómo podía cumplir el médico con esa obligación. En esta nueva entrada os queremos hablar del mismo derecho pero planteándonos otra pregunta. ¿A quién debe informar el profesional sanitario cuando hay menores?

El derecho a la información se recoge con carácter general en el artículo 20 de la Constitución española y la jurisprudencia actual lo configura como uno de los derechos humanos fundamentales. No hay duda de que el titular del derecho a la información asistencial es el paciente. Así lo dice expresamente el art. 5 de la Ley 41/2002  Pero hay dos supuestos que revierten especial importancia y hoy nos queremos centrar en uno de ellos: el menor. ¿Debe el menor ser informado? ¿Desde qué edad? ¿Solo o con los padres? ¿Es él el que debe tomar la decisión en todo caso? A éstas y a otras preguntas vamos a intentar dar respuesta en esta entrada del blog.

La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, entiende que a partir de los 16 años el menor tiene capacidad para prestar por sí mismo el consentimiento a una intervención médica, pero antes de esa edad permite que el menor pueda prestar su consentimiento si «es capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención», es decir, recurre a las condiciones de madurez del menor. Esta situación se conoce como la doctrina del menor maduro de la que hablaremos a continuación.  Aunque la Ley no  habla expresamente de mayoría de edad sanitaria, sí se deduce la misma, según lo dispuesto en el artículo 9.3.C de dicha Ley.

Vemos que la Ley 41/2002 ha rebajado hasta los 16 años la mayoría de edad para las actuaciones sanitarias. El legislador entiende que un joven con 16 años es suficientemente maduro y debe tomar las decisiones que afecten a su esfera privada. Esto es, a partir de los 16 años es el menor quien debe ser oído y quien decide. Si bien la Ley se reserva unas excepciones para actos de gran trascendencia y gravedad. Las excepciones a la mayoría de edad sanitaría son las siguientes:

1. Ensayos Clínicos

2. Técnicas de reproducción humana asistida

3. Extracción y trasplante de órganos

4. Extracción y utilización de tejidos y sustancias corporales.

5. Cirugía transexual y esterilización.

6. Donación y utilización de embriones y fetos humanos, y de sus células, tejidos y órganos

7. Instrucciones previas.

Por otro lado, a partir de los 12 años, el menor será oído en la toma de decisiones, aunque la decisión misma, el consentimiento, sea prestado por ‘representación’, por sus padres o representantes legales. Es decir, entre los 12 y 16 años la Ley permite que el propio menor otorgue el consentimiento por sí mismo, cuando éste sea «capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención».

Esto quiere decir que queda a criterio del facultativo determinar si el menor tiene o no madurez suficiente para otorgar el consentimiento por sí mismo, atendiendo al tipo de intervención de que se trate. Así lo expresaba ya el Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina  indicando que «la opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez». Y el artículo 154 de nuestro Código Civil : «Si los hijos tuvieren suficiente juicio, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten».

Por último os quiero hacer unas preguntas típicas que nos pueden surgir con la problemática de los menores. ¿Podríais contestarlas después de leer este post?

¿Puede tratar el médico a un menor con embriaguez aguda sin recabar la autorización de los padres? ¿Puede ser acusado de quebrantamiento del secreto profesional si les informa? ¿Hay que solicitar la autorización de los padres para realizarle un piercing o un tatuaje a un menor? Si alguno de ellos se complicase con una hepatitis C, ¿demandaría legítimamente el padre no consultado? El cirujano estético que operó sin la aquiescencia de los padres las mamas de una «menor madura», si surgiesen complicaciones, ¿podría ser demandado legalmente por quien tiene la obligación constitucional de la tutela de la menor?

En próximas entradas continuaremos hablando de esta doctrina del menor maduro más en profundidad y explicaremos algunos de una manera más práctica.

¡Os esperamos!

 


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